EL VOTO ELECTRÓNICO

Ignacio Azkona. El término voto electrónico se aplica al acto de votar realizado mediante el uso de nuevas tecnologías de la información. Una acepción más amplia utiliza el nombre para designar el uso de sistemas informáticos en la gestión de todos los pasos que conforman un proceso electoral, a saber: la confección del censo, la administración logística de los datos, el ejercicio del voto, el escrutinio, la transmisión de resultados y su certificación oficial.

En los países que comenzaron a introducir el e-voto durante la década de los noventa, caso de Bélgica o Suiza en Europa, su empleo se ha estabilizado, registrándose incluso un significativo aumento de participación ciudadana en las consultas realizadas desde su puesta en marcha, como ha ocurrido en Ginebra. Hechos como este han sido expuestos por los defensores de este procedimiento como prueba de que su implantación resulta ser un método eficaz para combatir la abstención política, una de las principales preocupaciones de partidos e instituciones.

El éxito incontestable que ha tenido el e-voto en algunos países contrasta con la polémica que aún despierta en la mayoría de estados democráticos, donde es a partir del nuevo siglo cuando se comienzan a realizar las primeras experiencias piloto. Expertos de todo el mundo coinciden en señalar que, dejando a un lado las campañas de promoción publicitaria que las empresas TIC hacen de sus sistemas de e-votación, todavía queda mucho por hacer para que puedan garantizar la seguridad plena de los procesos.

Como es lógico, la trascendencia de los posibles fallos que se puedan producir en un sistema electrónico de votación, cuando lo que está en juego es la distribución de poder en todo un país, hace que las exigencias de salvaguarda aumenten.

Hay problemas técnicos fundamentales que, según los expertos, evitan la sustitución total del voto físico por el virtual. Los sistemas aún no garantizan que sea imposible suplantar la identidad del votante, no aseguran que el voto sea secreto y tampoco blindan totalmente los sistemas frente a posibles boicots perpetrados por hackers o manipulaciones de “superusuarios”.

Estos problemas de seguridad despiertan recelos hasta en EE.UU., país donde el empleo de procedimientos electrónicos para llevar a cabo todo tipo de tareas cotidianas (incluidas transferencias bancarias y compra de productos a distancia) está más extendido que en Europa, lo que en principio reduciría las barreras culturales para el avance del e-voto. La postura de los escépticos sobre su capacidad para garantizar la transparencia de los comicios, queda reflejada en artículos como el publicado recientemente por James Fallows en “The New York Times”, donde el autor manifiesta sus dudas por la cantidad de fallos que aún tienen los sistemas y expone además los problemas que podría traer el no poseer evidencias físicas que demuestren el ejercicio del voto. Hacer segura y eficaz esta modalidad de votación parece que necesita más tiempo del que se dispone conceder al proceso.

Precipitación y riesgos
Por todos es conocida la crisis de legitimidad que viven los sistemas democráticos de representación parlamentaria.

Sobre el papel se ha afirmado que son los más capacitados para garantizar la independencia de poderes, la pluralidad política y las libertades individuales, pero la realidad ha demostrado su debilidad frente a problemas como la corrupción institucional o la presión ejercida por poderosos grupos económicos.

Su dañada credibilidad puede verse aún más debilitada si las fundadas suspicacias de la ciudadanía encuentran un nuevo fundamento de peso para la crítica. Aplicar precipitadamente mecanismos de votación aún no del todo seguros y de difícil acceso para sectores importantes de la población, puede resultar nocivo por proyectar la sombra del fraude sobre los resultados y generar nuevas formas de marginación.

Hacer de las TIC herramientas capaces de tender nuevos puentes de comunicación entre ciudadanía y poder es una posibilidad real, pero puede tornarse propaganda falaz si se emplean cuando aún no se dan las condiciones necesarias para hacerlo con suficiente solidez.

Aplicar tecnología a cualquier fenómeno precipitadamente, práctica más destinada a crear imagen de modernidad que a hacer de ésta motor de nuevas soluciones, puede acabar siendo negativo. El efecto sería especialmente dañino en el caso de hacerlo al voto, al afectar directamente a un acto sobre el que la propaganda institucional ha vertido una gran carga simbólica durante años, presentándolo sistemáticamente como imagen misma (civilizada, responsable, casi única) del libre ejercicio de la expresión política en los sistemas democráticos.

Situación en España
El pasado mes de agosto el director del Centro de Investigaciones Sociológicas Fernando Vallespín inauguró el curso “E-Democracia, retos y límites de las nuevas tecnologías para la participación y representación política” de la Universidad Complutense de Madrid declarando que la sociedad española no estaba preparada técnicamente para abordar un referéndum por vía electrónica. Su intervención vino a cuestionar la posibilidad de que esta modalidad de voto cobrara protagonismo en la consulta popular sobre la Constitución Europea a celebrar en febrero, hecho que anunció como posible el actual presidente del gobierno.

La importancia de su cargo dio peso a unas declaraciones que recordaron la reciente llegada del e-voto a nuestro país, una llegada acompañada muchas veces de polémica. Sin ir más lejos, durante las pasadas elecciones celebradas en el País Vasco varios partidos políticos se unieron para cuestionar la forma en que el gobierno de dicha comunidad introdujo el voto electrónico, aduciendo que el sistema empleado se había mostrado muy poco fiable y no garantizaba los derechos de los votantes.

Cuando se aplican las TIC a un proceso de votación, lo primero que se debe asegurar es que ello no va a poner en riesgo ni sus rasgos fundamentales ni la transparencia de los resultados obtenidos. En el caso español, la constitución determina que, para ser reconocido como legítimo, el sufragio ha de ser universal, libre, directo, igual y secreto.

Si atendemos, por ejemplo, al primero de los criterios, el de universalidad, descubrimos que existen varias cuestiones aún pendientes de solución en España para poder establecer este tipo de procedimientos en sustitución de los tradicionales.

La brecha digital de nuestro país todavía es demasiado grande para hacer que población electoral equivalga a población tecnológicamente alfabetizada. El acceso económico e intelectual a las nuevas tecnologías no está garantizado para toda la ciudadanía, por lo que aplicarla a los procesos electorales en sustitución del voto en papel reduciría las posibilidades de participación en iguales condiciones. En este contexto, aplicar tecnología avanzada traería un paradójico resultado negativo al provocar un atraso en lo que se refiere a los derechos democráticos.

Otra cuestión importante vinculada a este criterio; teniendo en cuenta como variable la edad, el porcentaje de abstenciones registrado entre la gente joven, más familiarizada con la tecnología, es mucho mayor que entre la gente mayor. Es decir, los que más tecnología usan son los que menos votan.

Datos como este muestran lo necesario que resulta diseñar planes educativos antes de comenzar a llenar los colegios electorales de ordenadores. Planes que no sólo deberían destinarse a enseñar a los mayores a usar dispositivos electrónicos, sino también a ocuparse de las razones que provocan la escasa participación de la juventud en las votaciones.

Si importante es contar con recursos tecnológicos y procedimientos fiables para implantar el e-voto, no menos trascendente resulta tener en cuenta los factores sociológicos que se dan en el país para adoptar las medidas que hagan posible a la ciudadanía adoptarlo con naturalidad y confianza.