LA ADMINISTRACIÓN: UN MURO CONSTANTE PARA LA PYME

Evidentemente, la Ley de Contratación del Estado de 1993 no excluye a las pequeñas empresas de optar a los concursos en liza pero las condiciones que impone a los concursantes suelen beneficiar a las grandes empresas...dejando fuera al 95% del tejido empresarial español.

Aprovechando que el Gobierno está preparando una reforma de la citada ley –que rige la contratación de todas las instancias públicas, desde ayuntamientos a ministerios- un grupo de pequeñas empresas catalanas han iniciado una campaña de presión para abrir, de una vez por todas, las puertas de la Administración a la pyme. Los impulsores no pertenecen a ningún lobby o asociación sino que participan a título individual, escaldados por la marginación cotidiana de sus microempresas en la adjudicación de contratos públicos.

Las críticas de los microempresarios catalanes se centran en tres aspectos de la actual ley. En primer lugar, desde el año de su promulgación (y han pasado doce) no se han actualizado las cantidades que delimitan las distintas modalidades de contratación: hasta medio millón de las difuntas pesetas para contratación directa; dos presupuestos, hasta dos millones; concurso restringido, hasta 5 millones y concurso público, a partir de esa cantidad. Ese inmovilismo exige un desmesurado esfuerzo de papeleo, homologación, y garantías financieras por parte de los contendientes para contratos de cuantía muchas veces ridícula. ¿Resultado? Sólo las grandes empresas pueden “distraer” recursos del día a día para optar a contratos públicos.

El segundo aspecto es la rigidez del sector público para contratar nuevo personal. Según el empresario Eugeni Bofill, uno de los más activos impulsores de la campaña, “la ley no contempla la posibilidad de contratar nueva gente pero sí puede subcontratar fuera, con lo que se escapa el talento”. ¿La receta sugerida para solventar este déficit? Según Bofia, “igual que las normas de contabilidad van a considerar el valor de autoría, en las contrataciones hay que considerar más allá de la aportación monetaria: proponer modelos de horas/perfil”, más flexible que el actual de precios cerrados.

El tercero tiene que ver con la sombra que inevitablemente proyecta cualquier adjudicación pública: la corrupción. La ley del 93 se redactó en pleno apogeo del caso Roldán, de modo que está planteada para que a la Administración no se le pueda pillar en un renuncio, “no para facilitar la vida a las empresas”, según denuncia la iniciativa catalana. Pero “la corrupción no se combate con burocracia”, señala Eugeni Bofill.

Una de las propuestas más arriesgadas –y con menos posibilidades de prosperar, todo hay que decirlo- del colectivo es el de “crear una franja de contratación en la que las pymes no tengamos que competir con los grandes”. En otras palabras, un área de entrada restringida a las grandes empresas, algo contrario al espíritu de no discriminación de las leyes.

Por otro lado, el paternalismo del Estado para con sus protegidos es la piedra fundacional de su vertiente más temible: el amiguismo. Ahora bien, frente al paternalismo de la subvención y la ayuda a fondo perdido, bien venido sea el paternalismo de la contratación abierta y en competencia, donde se premia la eficiencia, no los contactos. No en vano, lo que vienen a decir los empresarios catalanes (y seguramente acaben secundados por los del resto del Estado) es “queremos contratos, no subvenciones”.